El contenido de la nueva regulación se centra en el otorgamiento de facultades a un órgano administrativo, la Comisión de Propiedad Intelectual, para adoptar acuerdos de retirada de prestación de servicios de la sociedad de la información y de retirada de contenidos cuando vulneren derechos de la propiedad intelectual, previa autorización judicial adoptada en un procedimiento sumario.
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