En el presente trabajo intentaremos ofrecer las principales claves que, desde la perspectiva del derecho fundamental garantizado en el artículo 18.4 de la Constitución, han de tenerse en cuenta a la hora de abordar el proceso de modernización tecnológica de las Administraciones Públicas sin que, por ello, se vea sustancialmente afectada la posición jurídica de los titulares del referido derecho
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