Escenario por excelencia del juego de intereses entre el gobierno y los agentes sociales, la concertación en España ha basculado desde sus inicios, en la transición democrática, entre la confrontación y el consenso. Condicionada por factores internos, la coyuntura política y la situación de cada una de las partes, y externos, derivados de la plena inserción en una economía cada vez más interdependiente y globalizada, la política de pactos sociales ha seguido una trayectoria desigual, aunque con un objetivo primordial: garantizar la competitividad de la economía española y preservar el empleo, aun a riesgo de comportar una reducción de los derechos laborales conquistados por los trabajadores.
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