El trabajo que nos ocupa tiene por objeto analizar la repercusión fiscal, concretamente en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, de los gastos que han de ser abonados por los arrendadores de viviendas en edificios objeto de las inspecciones técnicas impuestas como obligatorias por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio.
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