El autor analiza las reformas penal y procesal de las personas jurídicas desde su origen en el derecho español, planteando los principales problemas de carácter teórico y práctico de las mismas, mostrándose crítico con la derogación del principio societas delinquere non potest por considerar que la persona jurídica será siempre una ficción sin voluntad salvo la de las personas físicas que la integran, quienes pueden ser objeto de culpa y pena, sin perjuicio del conflicto de intereses que se dará cuando se impute a la persona jurídica y a sus administradores.
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