La economía de las organizaciones comprende tanto a las que tienen fines de lucro (empresas), como a las relativas al gobierno y las de carácter no lucrativo creadas por la sociedad civil. El comportamiento y desempeño de las organizaciones y ciudadanos de una comunidad deberían de ser conformes con la ley, la moral y principios positivos, si se asume que son valores compartidos y consecuentemente se gestiona en base a ellos.
En un modelo de empresa multi-agencia (stakeholder) las decisiones han de centrarse en el proceso de creación de valor, es decir, en cómo se crea valor; y dado que este proceso es de carácter social, la ética (la moral) es central y ha de ser inseparable de las decisiones empresariales. Consecuentemente la mentalización en este sentido de los directivos es crucial en la gestión del proceso de generación conjunta de riqueza por los participes en la cadena de valor de la empresa y en la solución de conflictos y fricciones. Los stakeholders son parte activa del proceso y son responsables de sus acciones.
Los principios positivos (que no virtudes) pueden verse como una condición necesaria (aunque no suficiente) para mejorar el funcionamiento del conjunto de la sociedad y por tanto optimizar el desempeño de las personas, de las empresas, administraciones públicas y organizaciones no lucrativas. Al mismo tiempo, la concepción de una ciudadanía corporativa implica que la empresa ha de asumir como responsabilidad propia velar por el cumplimiento de los derechos humanos en al ámbito de su actividad directa e indirecta, en todos y cada uno de los ámbitos geográficos en los que opera.
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