La Ley de Contratos del Sector Público, recientemente modificada por la Ley 34/2010, ha dado expresamente entrada en nuestro sistema jurídico al arbitraje en el ámbito de los contratos del sector público. Este tipo de acuerdos arbitrales permitirá lograr una solución definitiva a las controversias en un tiempo razonable y con unos costes controlables bajo unos parámetros de excelencia técnica
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