Pese a las constantes críticas recibidas desde la doctrina civilista, la potestad administrativa de desahucio sigue contemplándose en nuestra legislación administrativa con total apoyo de los tribunales de lo contencioso-administrativo. Las Comunidades autónomas suelen establecer su uso sobre viviendas protegidas. Un ejemplo de ello es la Ley andaluza 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas sobre la vivienda protegida y el suelo.
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