En los casos de suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, se plantea el problema de cómo se computan los plazos de prescripción de la pena dictada en sentencia, y si existen situaciones interruptivas del plazo en la ejecutoria penal que vengan a hacer inviable el derecho a la tutela judicial efectiva de los perjudicados, problema especialmente acuciante en los delitos económicos.
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