La grave situación de crisis económica y financiera mundial está afectando a la economía española en muy diversos sectores, incluyendo a las entidades que integran el sector público. Los efectos de esta crisis revierten a las empresas contratistas de la Administración, cuya situación ya está suficientemente diezmada por la propia situación económica. El artículo reflexiona sobre el marco jurídico y económico-financiero del sector público y de las distintas entidades que lo integran, así como las posibilidades que el ordenamiento ofrece a sus acreedores para hacer efectivos sus créditos contra dichas entidades. Se expone la capacidad de obrar y financiera de las entidades del sector público y el régimen jurídico al que las mismas están sometidas, así como las opciones que el ordenamiento jurídico concede a sus acreedores para hacer valer los derechos de crédito que tienen frente a éstas, las consecuencias de su incumplimiento y la eventual garantía o responsabilidad de la Administración de tutela. Se analiza también la exclusión de la Ley Concursal de las entidades de Derecho Público y el régimen paraconcursal al que las mismas están sometidas.
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