En el presente artículo se analiza, desde un punto de vista práctico y de crítica constructiva, la reforma de la LEC por la Ley 4/2011, de 24 de marzo que ha elevado a 2.000 euros el importe para exigir la intervención de Abogado y Procurador en los juicios verbales, así como en la oposición y ejecución de los juicios monitorios.
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