El sistema educativo se ha mostrado reacio a incorporar, tanto desde un punto de vista legal como curricular, los cambios normativos contra la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Pero la comunidad educativa debe saber que la legislación, desde la Constitución hasta la LOE, obliga a reconocer la diversidad afectivo-sexual y defiende a quienes puedan ver vulnerado ese derecho.
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