A través de este artículo el autor analiza la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 5 de mayo de 2011 en la que se declara la vulneración del derecho fundamental de la coalición electoral «BILDU-Eusko Alkartasuna (EA)-Alternatiba Eraikitzen» a acceder a los cargos públicos por considerar que los elementos de prueba tomados en consideración por el Tribunal Supremo no tienen, en términos constitucionales, la entidad necesaria para sustentar una convicción de la que se derive tan grave perjuicio.
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