Las reformas de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley Federal de Telecomunicaciones son analizadas en este artículo. La ausencia de límites jurídicos permitió a los concesionarios de medios de comunicación lograr la aprobación de una reforma de ley que hacía posible ahorrar miles de millones de dólares que debían pagar al Estado mexicano. Esta propuesta, aprobada por el poder legislativo en 2006, ignoró trabajos de análisis académicos y resultados de las consultas públicas ciudadanas. El consentimiento de esta ley demostró que las políticas públicas en materia de comunicación no están determinadas por el interés general, ni por los principios jurídicos, sino por cuestiones e intereses particulares de grupos de poder político y económico, por lo que no se puede hablar de un gobierno democrático representativo.
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