El incremento de la movilidad de los sujetos pasivos, de las transacciones transfronterizas y de la internacionalización de los instrumentos financieros ha determinado la necesidad de crear un instrumento jurídico comunitario que permita a los Estados miembros de la UE contar con la mayor información posible para gestionar sus respectivos sistemas tributarios nacionales. A esta necesidad responde la nueva Directiva 2011/16/UE, del Consejo, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad.
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