Aun cuando en la práctica forense sea habitual que los órganos judiciales admitan como acusación a cualquier Administración, en cualquier procedimiento y prácticamente en el concepto que la Administración proponga, es lo cierto que la aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia, restringiría notablemente estas prácticas.
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