El Estatuto del Trabajador Autónomo previó, en su disposición adicional cuarta la regulación de un sistema específico de protección por cese de actividad para los trabajadores autónomos; intención que ha sido cumplida por la actual Ley 32/2010, de 5 de agosto, que regula los aspectos principales de esta prestación, sin perjuicio de la necesidad del correspondiente desarrollo reglamentario.
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