La evidencia reciente refuta de nuevo la tesis de que la inversión pública es capaz de desempeñar un papel estabilizador de la demanda en recesiones duraderas. Tras una etapa inicial en la que contribuyó modestamente a frenar la recesión, el desequilibrio de las cuentas públicas ha obligado, a partir de 2010, a apoyar parte del ajuste fiscal en el recorte de la inversión en infraestructuras, contribuyendo a la contracción de la demanda agregada. Este artículo valora esa decisión desde dos perspectivas diferentes: la de corto plazo y las políticas de demanda agregada, y la de largo plazo y las políticas de mejora de la productividad.
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