La crisis económica actual ha incrementado la tensión entre las compañías eléctricas, y entre éstas y el Gobierno, a cuenta de la evolución del balance energético y la acumulación de una deuda por parte de los consumidores y a favor de las empresas de una magnitud cercana a los dos puntos del PIB. Pero estos eventos no son sino la expresión de dos de los atributos que han caracterizado a la regulación del sector desde su liberalización en 1997: una excesiva incertidumbre regulatoria y una acusada falta de transparencia; cuyas consecuencias están siendo eventualmente asumidas por los consumidores. La necesidad de que empresas, agencias reguladoras y fuerzas políticas aborden con seriedad estas dos circunstancias y acometan las reformas necesarias para su resolución es perentoria. De lo contrario, será imposible para el sector enfrentar los importantísimos retos que se le presentan en el futuro.
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