En el presente artículo se analizarán los orígenes de la función regulatoria del Estado a través de los diferentes mecanismos de control a su disposición, partiendo del estudio del comportamiento del mercado y haciendo evidente que la existencia de algunas de las fallas de mercado más comunes justifica la intervención del Estado (a través de normas jurídicas, decretos, reglamentos, etc) para evitar el uso indebido de una posición dominente en un sector de la actividad económica.
Uno de estos mecanismos es la regulación, misma que debe buscar incentivar la expansión sana de la industria o sector que se regule y proteger, al mismo tiempo los intereses de los usuarios del bien o servicio regulado. Por ello, la regulación de los servicios públicos depende de las circunstancias que se presenten y los objetivos que se persigan. Al modernizarse las actividades económicas, los marcos regulatorios deben hacerlo igualmente para cumplir con su objeto. Una de las fuentes de cambio podría provenir de la experiencia observada en otros países. La globalización, como fenómeno económico y político, ha abierto las puertas para que esto suceda de una forma más rápida.
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