El fenómeno de la masificación lleva al legislador a ocuparse de manera especial del derecho a la información del consumidor, con objeto de que asegurar la cabal formación de la voluntad negocial. La regulación legal establece los requisitos que ha de cumplir la información y su contenido en función de cada tipo de contrato. Se examina la función integradora de la publicidad en el contenido contractual y su reconocimiento por los tribunales. Respecto de ella, hay que entender que el comerciante profesional queda vinculado por las declaraciones publicitarias aunque procedan del fabricante, salvo en las excepciones que establece la ley. La integración de los contenidos publicitados no es de aplicación en fase precontractual, solo se pueden exigir por el consumidor que ya ha celebrado el contrato. Legalmente se conciben consecuencias de diversa índole en el caso de incumplimiento del deber de información; los tribunales, por su parte, acuden a soluciones diversas.
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