La excesiva demora en el pago de facturas por la Administración a proveedores ha motivado una propuesta de Resolución en el Parlamento Europeo para que sea modificada la Directiva de aplicación teniendo en cuenta las circunstancias especialmente preocupantes de los servicios sanitarios en los Estados miembros en lo que a morosidad se refiere. Con su aprobación se permitiría una ampliación del plazo legal hasta un máximo de 60 días, y, al mismo tiempo, se refrendaría la prohibición de abusos contractuales en perjuicio de acreedores causando un beneficio injustificado al deudor.
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