La discrecionalidad de la que goza la Administración para efectuar nombramientos y ceses en puestos de trabajo que deben ser cubiertos por el sistema de libre designación, tiene, según la doctrina del Tribunal Constitucional -de la que es exponente la reciente Sentencia 92/2009, de 20 de abril-, claras limitaciones cuando se vulneran los derechos fundamentales del funcionario en el momento de acordar su cese. En este trabajo, de forma somera, se aborda el examen de ese posicionamiento jurisprudencial.
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