La reciente reforma del Estatuto de los Trabajadores (RDL 10/2010 y Ley 35/2010) ha introducido una limitación temporal a la duración del contrato para obra o servicio determinado, lo que plantea varios problemas jurídicos, lo mismo que sucede con el contrato fijo de obra (sector de la construcción) y con los contratos con las Administraciones Públicas.
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