Muchos avances aporta el Tratado de Lisboa respecto al TCE y al TUE, destacando el reforzamiento de la legitimidad democrática de la Unión con el establecimiento del procedimiento legislativo ordinario, la atribución de personalidad jurídica de la Unión y el establecimiento de principios sobre los que gravita la vida democrática de la misma, la ampliación del principio de subsidiariedad o las competencias del Tribunal de Justicia. Sin embargo, al lado de esos logros, persisten serias deficiencias, cuales son el escaso incremento de los poderes del Parlamento Europeo en la esfera de la política exterior y defensa común, el sistema de fuentes sigue siendo opaco, la toma de decisiones por mayoría cualificada supone un retroceso importante y la no incorporación de la Carta de Derechos Fundamentales; deficiencias que evidencian hasta qué punto se han conseguido los objetivos perseguidos.
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