Cada año, en otoño, cientos de miles de aves protegidas son capturadas en los más de 1.500 paranys ilegales que se distribuyen a lo largo de las comarcas de Castellón y norte de Valencia. El destino de la mayoría de ellas es la muerte. Pero esta modalidad tradicional de caza, pese a estar prohibida desde 2002, cuenta con la tolerancia de las autoridades locales y con el respaldo de la práctica totalidad de las fuerzas políticas valencianas, en lo que ya se ha convertido en todo un ejemplo de perseverancia a la hora de incumplir las leyes de conservación de la naturaleza en nuestro país.
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