Aunque la crisis financiera actual no ha exigido la salvación de grandes bancos españoles, ha afectado a las entidades de crédito de la economía social: cajas de ahorro (de carácter fundacional, sin capital dividido en acciones) y cooperativas de crédito. Estas entidades han sido urgentemente reestructuradas mediante fusiones, sistemas institucionales de protección (SIP) y ayudas públicas facilitadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que la Comisión Europea autorizó conceder hasta el 30 de junio de 2010. Se trata de un Derecho de crisis y Derecho paraconcursal, preventivo de la insolvencia.
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