Sin el derecho penal los derechos fundamentales mismos serían objeto de agresiones demasiado graves. Pero la realidad del derecho penal es la de ser el instrumento jurídico más en riesgo de sufrir de intolerancia, autoritarismo e irracionalidad. De esto se deriva la exigencia de un saber normativo que limite y controle su ejercicio. La Constitución, a la vez como fundamento y límite del derecho penal, representa el modelo científico más avanzado de la reflexión penal italiana. Situación que cuenta con un amplio reconocimiento internacional y que en la actualidad se enriquece además, junto a la fuente constitucional, con muchos principios supranacionales. Sin embargo, al «modelo» aquí trazado le hace falta hoy un «programa». Son indispensables, para una democracia discursiva, los controles de legitimidad y las verificaciones empíricas. Toda ley, actualmente, debe ser motivada y controlable desde el proyecto legislativo. ¿Por qué sólo la ley penal debería substraerse a ello y a una posibilidad de comprobación del vínculo con sus programas?.
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