Resumen de Desplazamientos de población en Asia-Pacífico
Los negociadores de Copenhague, reunidos en diciembre de 2009 en la Cumbre sobre Cambio Climático, estuvieron de acuerdo al menos en un punto: los desastres naturales causados por el clima, el calentamiento y la degradación medioambiental están produciendo el desplazamiento masivo de personas que quedan al margen, sin ninguna medida de protección. En Copenhague también se reconoció que estas crisis, cada vez más frecuentes, requieren nuevos acuerdos internacionales. Los sistemas de Derecho Internacional humanitario que protejen a las personas desplazadas forzosamente, es decir, obligadas a huir a otro país a causa de la pobreza, el conflicto o la persecución, se enfrentan hoy a un serio desafío: ¿Cómo renovar la cooperación global en aras de una mayor protección de las personas desplazadas? ¿Sobre qué fundamentos normativos o éticos podrá crearse un nuevo marco que gestione las migraciones involuntarias? El desplazamiento involuntario está siempre provocado por una diversidad de causas. En la región de Asia-Pacífico es consecuencia de una compleja mezcla de conflictos armados, pobreza y problemas de gobernabilidad, unido a las crecientes catástrofes naturales en unos países carentes de programas de prevención.
Los flujos de población que generan, ya se les denomine refugiados o emigrantes, tienden a utilizar las mismas rutas de huida y los mismos agentes o contrabandistas. Dejan atrás idénticas situaciones opresivas de derechos humanos. Los desplazados se enfrentan a una situación de inmensa vulnerabilidad. Sin embargo, mientras algunos pueden acogerse a la protección otorgada por un tratado internacional, otros son lanzados a la intemperie vital. No hay ningún acuerdo internacional que proteja sus derechos, ninguna declaración sobre las obligaciones de los Estados hacia ellos, o algún instrumento jurídico que sirva de guía para el reparto de responsabilidad entre países. Por la frecuencia, dimensión, vulnerabilidad y complejidad de estos flujos mixtos, urge una revisión de los instrumentos de protección que responda a la realidad a la que se enfrentan estas personas.
