La crisis ha puesto de manifiesto que la actual democracia representativa está sometida al mandato de "los mercados". En estos momentos la política no decide sobre las cuestiones que alcanzan a la economía y los gobiernos se encuentran impotentes frente a los grandes poderes económicos que imponen sus intereses al conjunto de la ciudadanía. Para salir de esta deriva, y evitar un deterioro de la democracia, es necesario que se ponga fin al régimen de libre movimiento de los capitales, se vuelva a considerar la financiación de la economía como un bien público que no puede estar en manos de la banca privada y se establezca un marco internacional de relaciones laborales que garantice los equilibrios y proteja a las partes más débiles en la línea de lo marcado por la OIT.
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