El autor alerta de la forma en que el proyecto de Ley de Economía Sostenible pretende dar respuesta al fenómeno de las descargas ilegales al encomendar la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual a un órgano dependiente del Ministerio de Cultura y de esa manera alejar las decisiones sobre esta cuestión del área de influencia del poder judicial.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados