Para que se generalice la administración electrónica, las Administraciones Públicas han de impulsarla prestando servicios al ciudadano en condiciones amigables y de eficacia jurídica, mediante la generación de la confianza y seguridad que estos demandan, y, de este modo, superar, definitivamente, las barreras de tiempo y espacio que la necesaria proximidad de la Administración al ciudadano requiere, en una sociedad moderna, regida por un estado social y democrático de derecho.
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