En sus casi dieciocho años de funcionamiento el Protector del Inversor de la Bolsa de Madrid ha atendido un total de 2.357 reclamaciones o consultas contenciosas y 440.000 demandas de información. El principio jurídico de protección al inversor impregna hoy la práctica totalidad de la regulación que rige el funcionamiento de los mercados de valores. Esto no siempre ha sido así y fue a partir de los devastadores efectos del crac bursátil de 1929 cuando muchas normas comenzaron a estar inspiradas por este principio. No obstante han sido necesarios muchos años hasta llegar a un estadio de desarrollo normativo con preceptos legales y figuras detalladas que suponen una efectiva tutela pública de los derechos de los inversores en sus relaciones con los mercados. La actual crisis financiera ha puesto de relieve que fuera de los ámbitos de negociación regulados la protección del inversor es escasa. En España la legislación relativa al funcionamiento eficiente de los mercados de valores y las garantías jurídicas para sus actores principales, los inversores, están profusamente desarrolladas y orientadas a la protección efectiva de los derechos de estos. Además, la Bolsa española ha sido consciente desde hace años de que la confianza es el motor de su actividad y esta se sustenta en que el inversor perciba al mercado como un entorno seguro para sus ahorros y atento a sus demandas.
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