Este artículo plantea algunas reflexiones sobre las causas y consecuencias de la Ley de Dependencia en el contexto del Estado de Bienestar: retrasos en su despliegue, disfunciones entre administraciones, insuficiencias financieras, incapacidades gestoras y expectativas frustradas, entre otras. La Ley 39/2006 ofrece una protección con alcance universal (todos los ciudadanos son elegibles), pero fuerza la selección (no todos los elegibles son elegidos), dependiendo del grado de necesidad y de la capacidad de cofinanciación. Un acceso a copago fijo (lump sum) sería mayormente adecuado al evitar los incentivos perversos que de otro modo supone un copago vinculado a renta y patrimonio (elusión y desincentivar al ahorro).
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados