El envejecimiento de la población ha alumbrado una categoría sociodemográfica nueva, la de «las personas mayores». Según los autores, sus derechos e intereses no están garantizados debidamente en los ordenamientos jurídicos, que son anteriores en su mayoría al surgimiento de este vasto estrato demográfico. Su planteamiento parte de los conceptos de solidaridad social y dignidad social, y propugna que se amplíe el alcance práctico de los derechos humanos de esta parte de la población. Con este fin, proponen el reconocimiento jurídico de la condición de persona mayor, que abarca varios derechos socioeconómicos; que se proscriba la discriminación basada en la edad; dotar de más flexibilidad a los sistemas de jubilación y de pensiones; y la formación de asociaciones representativas de las personas mayores inspiradas en los sindicatos que fomenten unas negociaciones colectivas semejantes a las que se celebran en el ámbito laboral
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