El ruido sigue siendo en España uno de los principales problemas que sufre la población, y así se recoge tanto en los datos del INE, como en los eco-barómetros de las Consejerías de las diferente autonomías y en los informes de los distintos Defensores del Pueblo. En ningún momento la Administración Pública ha pretendido rebatir el informe de la OCDE que nos sitúa en el segundo país más ruidoso del mundo después de Japón y por motivos o focos distintos al país nipón. Los ciudadanos no entienden que el denominado estado del bienestar se inhiba radical y fehacientemente en buscar soluciones verdaderamente eficaces frente a este problema. Es lo que algún autor ha denominado «hipocresía del Estado de Derecho».
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