Cuando es el privado el que ejecuta el Planeamiento, surge la cuestión de los límites de las prestaciones que la Administración Pública puede exigir: ¿qué infraestructuras, viviendas sociales y equipamientos públicos han de asumir los agentes de mercado (propietarios del suelo y promotoras inmobiliarias)? Más allá de la mera financiación de esta infraestructura, se plantea además la cuestión de si la Administración Pública tiene o no derecho a parte o toda la plusvalía urbanística. En el Reino Unido, los Países Bajos y España es éste un tema actual, polémico y objeto de continuas modificaciones legales y de líneas políticas. El presente artículo presenta datos sobre cómo ha cristalizado el reparto de los costes y de la plusvalía urbanística en la práctica de reestructuración urbana en estos tres países. Además, plantea posibles vías de investigación que ayudarían a mejorar el conocimiento acerca de la repercusión de la legislación y las políticas sobre la práctica urbanística.
In those cases in which private parties develop urban sites a question arises: how far can go public bodies in asking them to contributeto public goals? Which public infrastructure –infrastructure provision, public roads and space, public facilities and buildings, affordable and social housing –should property developers and landowners pay? Another question arises too: can public bodiesalso ask part of the economic rent that accrues from rezoning the land? This goes further than only requiring contributions for public infrastructure. This is an alive and polemic topic in the UK, the Netherlands and Spain, and the subject of many recent changes in legislation and policy. This article presents empirical evidence of how in practice public and private actors in urban regeneration pay the costs of public infrastructure and profit from the economic rent. Further, it proposes future research lines that could help understand the consequences of planning law and policies on the urban development practice
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