Los acontecimientos producidos en los últimos meses en materia de piratería marítima ponen de nuevo sobre el tapete la necesidad de trazar nítidos criterios en la atribución de competencia a los Estados. En el caso español las peculiaridades de su legislación interna así como la necesidad de articularla con los compromisos internacionales no siempre permiten ofrecer con claridad las pautas al respecto. En la actualidad asistimos a un momento singularmente importante, puesto que junto con la inminente aprobación de la reforma de la LOPJ que afecta a las posibilidades penales de la persecución procesal de la piratería, en el Anteproyecto de Código penal de 2008 se contempla la (re)introducción del delito de piratería. La aprobación de estos textos dará lugar a un nuevo panorama en la persecución de tales actos.
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