Con el objetivo de conseguir una mejor competitividad de la agricultura comunitaria, la Comisión Europea aprobó el pasado 22 de enero una serie de nuevas propuestas de reforma, que aun guiadas por buenas intenciones para mejorar el marco financiero de los agricultores europeos, en principio pueden lesionar los intereses de algunos países miembros, caso en el que puede situarse España.
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