Aprovechando el trámite de enmiendas de un Proyecto de Ley que pretende establecer la estructura orgánica de la oficina judicial (Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la Oficina Judicial) el Partido Socialista y el Partido Popular han pactado la limitación del principio de jurisdicción universal que se contiene en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, principio que ha permitido a la justicia española la persecución internacional de crímenes de lesa humanidad y, por tanto, haber contribuido a la lucha contra la impunidad y la barbarie. Este breve comentario perfila algunos argumentos para la oposición a dicha reforma, que pone en peligro el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, vinculante para los Estados. Los derechos sin las garantías se convierten en papel mojado.
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