Los excesivos costes económico y temporal que acarreaba la regulación de la publicidad en la Ley Concursal se han corregido por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, que se centra principalmente en la gratuidad de la publicidad y en una preferencia por la utilización de medios informáticos y electrónicos, con la implantaciónnn de un Registro Público Concursal con un objeto muy amplio.
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