En la actualidad existe un gran debate en España respecto a qué hacer con los delincuentes sexuales, especialmente con aquellos que, una vez cumplida su condena, se sabe que tienen una alta probabilidad de reincidir. Sin entrar a valorar casos concretos que han tenido una amplia repercusión social y han generado un clamor unánime para que se dé una solución al problema, el objeto del presente artículo es aportar al debate social un nuevo punto de vista. En opinión del autor las propuestas que están haciendo los partidos políticos resultan insuficientes y no van a resolver el problema. La precaria situación de la salud mental penitenciaria exige una nueva legislación en línea con las de otros países desarrollados que contemple medidas predelictuales en casos excepcionales de delincuentes multireincidentes, la creación de equipos de salud mental forense para el seguimiento ambulatorio, y la aplicación de tratamientos psicoterapéuticos y biológicos consentidos por quienes los van a recibir. La carencia de psiquiatras que quieran trabajar en el sistema penitenciario y su inferior consideración salarial en relación con los profesionales del Sistema Nacional de Salud acentúan el problema.
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