Las Naciones Unidas, la Unión Interparlamentaria, el Consejo de Europa y la Unión Europa promueven la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos político y público, económico y social de la toma de decisiones. En 2007, la Ley de Igualdad española ha recepcionado este marco internacional, sin embargo, su análisis revela que la regulación española no garantiza la efectiva consecución de la participación equilibrada en el ámbito de la representación política, en los distintos niveles decisorios del ámbito público ni tampoco en todas las entidades del ámbito social que promueve el marco internacional. Por tanto, habrá que incorporar la igual participación de mujeres y hombres en todos los ámbitos y niveles decisorios en la Constitución española.
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