Durante los últimos años, la autorregulación, como instrumento alternativo a la ley para la ordenación de los mercados de valores y de las sociedades cotizadas, ha disfrutado de un considerable protagonismo, trayendo consigo la elaboración de los códigos de buen gobierno, de seguimiento voluntario, así como la reducción de las normas imperativas al respecto. En realidad, esta primacía no ha sido tan intensa como a primera vista pudiera pensarse, lo que se deduce de la promulgación de algunas normas, como la Ley de Transparencia, de particular incidencia en dichos temas. De otro lado, la actual situación de crisis económica supone, en apariencia la reivindicación de las leyes y el �eclipse� de la autorregulación. Una adecuada política legislativa sobre las sociedades cotizadas y los mercados de valores debe partir de las normas imperativas, pero no puede ignorar el papel de la autonomía de la voluntad en dichos temas.
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