Pese a la construcción y financiación privada del sistema, hacia 1900 el ferrocarril era el sector más regulado de la economía británica. La Ley del Ferrocarril de 1921 marcó una nueva fase en el control del Estado, reflejando las presiones de la Primera Guerra Mundial, favorables a la nacionalización aunque después se dio marcha atrás. En el período de entreguerras los ferrocarriles sufrieron la creciente competencia de la carretera, la situación de depresión de sus principales clientes de la industria pesada y el anacronismo del sistema regulador de 1921. Hubo un consenso casi unánime sobre la conveniencia de la unificación y la propiedad pública del sistema. La nacionalización se produjo en 1945, pero la posterior actuación de los ferrocarriles británicos no logró la combinación de eficiencia comercial y servicio público prevista en principio. No obstante, en la década de 1980 se alcanzó una gestión descentralizada eficaz. La privatización fue impuesta en la década de 1990, utilizando un modelo erróneo que se basaba en la separación de la infraestructura y la operación de los trenes que condujo a un importante descenso de la eficiencia.
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