la financiación de las infraestructuras en España se rige fundamentalmente por el principio de la caja única, es decir son todos los contribuyentes (usuarios o no de la infraestructura) los que en última instancia pagan los costes de la misma. A la hora de financiar las infraestructuras cada vez son más frecuentes las asociaciones público-privadas que se rigen por un contrato de concesión. La forma en la que el concesionario será remunerado por su inversión afecta sobremanera a los incentivos de éste en esforzarse por ser eficiente y atraer usuarios. Es por ello, que la Administración deberá escoger con sumo cuidado el tipo de contrato de concesión.
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