Tradicionalmente, la protección de los derechos humanos, se ha vinculado con el papel del Estado desde dos perspectivas, a saber, la de respetar él mismo los derechos de su población y la de protegerla de violaciones a sus derechos humanos provenientes de otros actores sociales. Estas obligaciones son normalmente aceptadas y procuradas por los gobiernos, tanto en la protección de los derechos humanos de los individuos con respecto a la acción del Estado, como en la garantía de ciertos derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, la protección efectiva de los derechos humanos requiere de la acción de otros agentes que generalmente son diferentes de los Estados, y que no caen claramente bajo la supervisión de las agencias internacionales ni las organizaciones civiles de derechos humanos (éstas últimas tienden a centrar su atención en los casos de violaciones perpetradas por los Estados). Estos actores no estatales (ANE) en ocasiones son el principal obstáculo para la vigencia de un régimen de vigencia efectiva de los derechos humanos y van desde las grandes empresas transnacionales, hasta los individuos, iglesias, co munidades locales y otros grupos sociales. Subsiste una falta de claridad a nivel internacional sobre la forma en que los ANE deben ser llamados a cuentas con relación a su participación en la promoción o violación de los derechos humanos. Insistir en que los derechos humanos constituyen un paradigma ético mínimo obliga a todos los actores sociales a velar por su realización y no sólo a los Estados, aunque esto puede llevar a contradicciones importantes con tradiciones y costumbres arraigadas en culturas específicas, como en los casos de la población dalit en la India y la preferencia china por los hijos de sexo masculino.
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