Los efectos anulatorios de la prueba ilícita, que legalmente se proyectan de manera amplia sobre el material probatorio derivado de aquélla, se han visto limitados por la doctrina constitucional y jurisprudencial de la «conexión de antijuridicidad», que ha dado lugar a la configuración de una serie de reglas de «desconexión», que rozan los límites del principio de legalidad.
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