Resumen de ¿Ayudando a Castro?: las políticas de la UE y de EE UU hacia Cuba
La estancada situación política en Cuba indica la escasa influencia que tienen actores externos para facilitar un proceso de transición democrático en países con regímenes autoritarios. No obstante, la UE y EE UU podrían haber contribuido a una apertura política en Cuba, si ambos hubieran coordinado sus políticas. Al evaluar la política de la UE hacia Cuba y contrastarla con la de EE UU, saltan a la vista una serie de contradicciones que han impedido una política coherente y eficaz de promoción de la democracia. Al mismo tiempo, han impedido pensar en una agenda transatlántica, sin la cual no puede funcionar ni una política de sanciones ni una de compromiso. Cuba provoca serias controversias entre EE UU y la UE, que se reflejan en el debate engagement versus sanciones y que se ha agudizado por las recientes medidas tomadas en Washington. EE UU y la UE tienen más diferencias que elementos en común con respecto a su política hacia Cuba. Les separan varias líneas divisorias en torno a los instrumentos económicos más apropiados, la cuestión de la propiedad, la soberanía nacional, el tipo de transición y democracia, así como los protagonistas políticos, las cuales reflejan filosofías muy distintas. Pese a estas diferencias de fondo, las estrategias elegidas por EE UU y la UE hacia Cuba han contribuido a consolidar el sistema cubano. Las inversiones europeas y el intercambio comercial con la UE �su principal socio económico� le han servido a Castro para estabilizar su régimen en términos de recursos financieros, y la política de sanciones de EE UU le ha servido para justificarlo en términos políticos con la existencia de un enemigo externo. Los más de cuarenta años que dura el debate trasatlántico sobre sanciones o compromiso hacia Cuba han sido contraproducentes, actuando a favor de los intereses políticos del régimen castrista. Pese a su Posición Común sobre Cuba y a ser un socio económico clave, como promotor de la democracia en Cuba, la UE ha tenido un bajo perfil comparado con el protagonismo negativo de EE UU. Su política de compromiso y condicionalidad ni ha servido para fomentar una apertura en la isla, ni tampoco ofrece un contrapeso a la posición de EE UU. Para convertirse en un actor coherente con vistas a una futura transición en Cuba, la UE debería, en primer lugar definir una política común, en vez de permitir que cada institución y cada gobierno aplique su estrategia individual dentro del amplio margen que ofrece la Posición Común. A tal fin, podría constituirse un grupo de trabajo inter-institucional e interdisciplinario que revisara la estrategia europea de promoción de la democracia en Cuba. En segundo lugar, la UE y particularmente España debería iniciar un debate con socios latinoamericanos y EE UU sobre el futuro de Cuba. Sólo una acción concertada podría servir para facilitar una apertura política y económica. Es preciso promover cambios en Cuba por la vía multilateral en vez de crear agendas competitivas. Una condición sine qua non para ello sería sustituir el debate ideológico sobre la Revolución cubana por una agenda pragmática dirigida hacia el objetivo de una Cuba más democrática y mejor insertada en la Comunidad de países del Occidente.
