La puesta en marcha de las actividades incluidas en un programa de cirugía menor en una zona básica de salud no está exenta de polémica. Por un lado, la aplicación de la actual legislación en materia de salud la hace de obligado cumplimiento; es más, el Plan Andaluz de Salud y la Cartera de Servicios del Servicio Andaluz de Salud ofrecen esta actividad al ciudadano como algo propio de su centro de salud, indicando además que dicha estructura es la más adecuada para albergarla1. Por otro lado, es patente la desconfianza de ciertos especialistas hospitalarios y gestores sanitarios que aún consideran que debería realizarse en un medio hospitalario y con cargo al presupuesto del hospital2
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